Bulgaria representa la puerta de entrada a lo que se conoce como la ruta de los Balcanes, por lo que también es la puerta de entrada a Europa de aquellos quienes intentan llegar por tierra al continente
Busmantsi se encuentra en el pueblo con el mismo nombre, a las afueras de la capital búlgara. A su alrededor no hay nada, y pocos salen y entran de él; tan solo los trabajadores. Quien ahí dentro reside tiene prohibida la salida. Busmantsi es un centro de detención, o como lo llama el Ministerio del Interior búlgaro, un “Hogar Especial para Alojamiento Temporal de Extranjeros”. Tiene una capacidad para 400 personas, pero suele haber más. Sus muros están coronados con alambre, sus puertas cerradas a cal y canto, y tan solo las ventanas de la parte alta de los dos edificios que lo conforman pueden verse desde fuera.
Busmantsi, según cuentan los que allí se encuentran y confirman informes de instituciones oficiales y ONGs, es la representación de un infierno que sería imposible creer que está en suelo europeo si no fuese porque es así. “Es como la prisión de Saydnaya en Siria. Sufrimos hambre, suciedad, sarna. Hay muchos insectos y ácaros. A veces golpean a los detenidos con porras o con la mano”, son algunos de los escasos testimonios que algunas organizaciones han podido recopilar, ya que pocos se atreven a hablar.
Con datos, ya en 2014 Human Right Watch denunciaba que las 486 personas allí detenidas en ese entonces estaban hacinadas en dormitorios de hasta 30 personas. Se destacaba la falta de calefacción —en Bulgaria en invierno se pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero—, camas en mal estado, ventanas rotas, escaso espacio para sentarse, poca comida y violencia policial: palizas, puntapiés y aislamiento en celdas de castigo.
La legislación búlgara (LARB) y Ley de Asilo y Refugiados (LAR) diferencia entre la detención de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, prescribiendo plazos para garantizar su alojamiento por separado (un principio que también defiende el CPT). La LAR estipula que cuando se presenta una solicitud de asilo, el extranjero detenido debe ser trasladado a un centro de acogida abierto en un plazo de 6 días, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos.
Algo que sabe bien Abdulrahman Al-Khalidi, periodista disidente y defensor de los derechos humanos saudí, quien lleva más de 40 meses en esta casi prisión o, al menos, así la describe él: “este lugar no es una prisión oficial pero somos prisioneros”.
"Hay muchos insectos y ácaros. A veces golpean a los detenidos con porras o con la mano"
Al-Khalidi huyó de Arabia Saudí en 2013, tras ser perseguido por su activismo pacífico en defensa de los derechos de los presos y su participación en el movimiento Bees Army. En octubre de 2021 cruzó a Bulgaria desde Turquía para solicitar asilo y fue detenido de inmediato y llevado a Busmantsi. “Durante los últimos 2 años y 8 meses que llevo en Bulgaria, he estado privado de libertad y sólo puedo imaginar un lugar donde la gente sea libre y viva en un Estado democrático, lo que Bulgaria dice ser”.
La puerta de entrada a Europa
Bulgaria representa la puerta de entrada a lo que se conoce como la ruta de los Balcanes, por lo que también es la puerta de entrada a Europa de aquellos quienes intentan llegar por tierra al continente. Se entiende, así, que también sea la frontera en la que la Unión Europea invierte más dinero y efectivos para aplicar sus (necro)políticas migratorias. En marzo de 2023, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, reconocía que esta frontera sería la principal receptora de los fondos destinados a reforzar los límites territoriales de la UE. Así, en noviembre de ese mismo año, la Comisión Europea destinaba un total de 250 millones de euros a proyectos de refuerzo en las fronteras terrestres externas de la UE, de los cuales 141 millones se usaron específicamente en sistemas de vigilancia electrónica en Bulgaria. En diciembre de ese año se confirmaba la entrada de Bulgaria (y Rumanía) al espacio Schengen, lo que debía ir de la mano con “un refuerzo del control fronterizo”, para lo que la UE desplegó más de 100 agentes en esta frontera, invirtiendo, además, otros 69,5 millones para la implantación de proyectos para su refuerzo.
Un despliegue de vigilancia que bien podría estar sacado de cualquier producción audiovisual futurista: cámaras de vigilancia, fibra óptica, nuevos y modernizados sistemas de software, más de 200 vehículos todoterreno, dispositivos térmicos portátiles, unidades móviles de vigilancia, drones tácticos de larga autonomía y sensores de comunicaciones para patrulla aérea. Todo manejado por los 1.200 nuevos agentes contratados por la UE más los alrededor de 600 agentes parte de Frontex.
Con estos despliegues no se hace raro que también sea esta la frontera más violenta del continente. Según el Comité de Helsinki, tan solo en 2023 se registraron un total de 9.897 devoluciones en caliente —también conocidas como push-backs— que afectaron a 174.588 personas, consecuencia directa de estos acuerdos. Pero estas no son las únicas prácticas vistas: violencia policial, robo de pertenencias, ataques con perros, con equipos electrificados, arrestos, e incluso una nueva forma de violencia; los pull-backs —práctica que impide que las personas abandonen el territorio búlgaro— han sido registrados en esta frontera. Por ilustrar el tipo de ejercicios que derivan de los acuerdos y sus consecuencias: el pasado diciembre la policía fronteriza bloqueó el rescate de unos adolescentes egipcios que intentaban cruzar tal frontera lo que provocó que todos muriesen de hipotermia.
Sin embargo, y a pesar de los grandes esfuerzos de la UE y de Bulgaria por evitar que las personas -sean adultos, menores o incluso embarazadas- crucen, alrededor de 1.700 lo lograron, según informaciones de las autoridades búlgaras.
Al ser Bulgaria parte de la UE y del territorio Schengen, y según estipula la Convención de Ginebra y los Acuerdos de Dublín, toda persona que llegue a su territorio debe tener el derecho a pedir asilo y esta solicitud debe tramitarse. Sin embargo, cuando las personas son localizadas por las fuerzas fronterizas en territorio búlgaro, o son devueltos a Turquía, lo que viola el principio de no devolución garantizado por la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, o llevados a un centro de detención.
Bulgaria es la frontera en la que la Unión Europea invierte más dinero y efectivos para aplicar sus (necro)políticas migratorias
Medical Volunteers International (MVI) están presentes en Bulgaria y su equipo en la zona afirma que “menos del 5% de la gente que logra cruzar son llevados, de primeras, a un centro abierto; la mayoría son llevados a los centros de detención”.
En Bulgaria hay seis centros de recepción y dos de detención: Busmantsi y Lyubimets. Ninguno de los dos cumple las condiciones mínimas para la acogida, y mucho menos la detención. Las denuncias de quienes allí están encerrados y de las organizaciones presentes en el país se acumulan. Activistas se han manifestado pidiendo por la mejora de las condiciones en este centro, pero nada ha cambiado y si lo ha hecho, ha sido a peor.
Estos, más que centros son cárceles sin ningún tipo de garantía. Una distopía que, lejos de ser ficción, se encuentra en suelo europeo y es financiada por sus Estados —o así se indica en la misma entrada del centro—. Busmantsi es un sitio donde más de 30 personas, sin distinción de género, son hacinadas en la misma habitación, donde las chinches y otros insectos campan a sus anchas, donde la comida es escasa. Un lugar frío en invierno, sin mantas o calefacción, y caluroso en verano, tampoco hay aire acondicionado. Donde el acceso a los baños está limitado aunque estos no cuenten con agua caliente, los retretes estén rotos y la mayor parte de la grifería sea inutilizable. Las paredes y los techos están llenos de agujeros donde el agua chorrea y los insectos se acumulan.
“No hay cerraduras en las puertas, por lo que los detenidos recurren a atar sábanas para cerrarlas desde dentro […] Los grifos de agua están rotos, lo que dificulta el control de la temperatura del agua, y las duchas también están rotas, por lo que los detenidos se cubren con una sábana fina mientras se bañan” cuenta Al-Khalidi, “no se realizan exámenes médicos específicos a los nuevos detenidos para detectar enfermedades infecciosas como la hepatitis, esto supone un riesgo importante”.
En Busmantsi hay hombres y mujeres, sin distinción. Hay enfermos y embarazadas quienes apenas reciben atención médica. Se han registrado palizas, robo de pertenencias y largos periodos de aislamiento ejercidos por los guardas de seguridad del centro. “Nos miraban como si fuéramos insectos, no como seres humanos con dignidad y derechos… No podía creer la brutalidad del trato”, es otra de las citas que se lee en el informe de No Name Kitchen al respecto. El Comité de Helsinki denunciaba en 2021 un aumento de la tortura policial.
También lo cuenta el disidente saudí, “yo mismo fui víctima de esta violencia, cuando cuatro policías me golpearon brutalmente durante más de una hora. Presenté una denuncia ante la fiscalía y se inició una investigación, pero la policía alegó: “¡Intentaba autolesionarse y nosotros controlábamos su conducta autolesiva!” […] Desgraciadamente, esto es habitual: a menudo se acusa a los detenidos o presos de autolesionarse para eludir responsabilidades, como alegar que “se cayeron por el borde de las escaleras”, “se golpearon la cabeza con una puerta” o “rodaron y se fracturaron”. Las autoridades siempre creen a la policía, y existe un código tácito entre ellos para protegerse mutuamente. Los policías nos han dicho en repetidas ocasiones: “Si alguien me lo pide, me pongo a su lado, no en su contra”, cuenta Abdulrahman desde Busmantsi.
Dentro de Busmantsi
En un correo enviado por Abdurrahman se cuentan algunas de las situaciones que él mismo ha presenciado en este centro, entre ellas está la de Ahmed —nombre cambiado para garantizar la seguridad de la fuente—, un joven afgano: “Ahmed fue deportado de Alemania a Bulgaria, donde llegó en buen estado de salud mental y física. Durante su deportación, debido a la resistencia que opuso, le inyectaron una sustancia en el aeropuerto, lo que desencadenó graves complicaciones psicológicas, incluidos episodios similares a la esquizofrenia que, según afirma, nunca había experimentado antes. Estos episodios le provocan un comportamiento errático, pero fuera de ellos, es un individuo tranquilo e inteligente que habla con educación. Ahmed está confinado en una habitación aislada, encerrado las 24 horas del día, y no tiene acceso al baño, lo que le obliga a hacer sus necesidades en la celda. Hace unos días, le permitieron salir para comer, pero al regresar fue golpeado en el baño de esa planta. Los testigos lo describieron como ‘golpes contundentes’, sin más justificación que el deseo de la policía de amedrentarlo y su aparente odio hacia él. A continuación fue devuelto a aislamiento. Esta mañana, la policía volvió a golpearle, vertió agua en el suelo y la ropa de cama de su habitación para impedirle dormir y le inyectó un sedante. Cuando hablé con él por teléfono, me dijo: Ahora mismo no sé ni cómo me llamo. No sé mi número de placa, me lo quitaron de la muñeca. Me dieron algo para dormirme”.
"Las autoridades siempre creen a la policía, y existe un código tácito entre ellos para protegerse mutuamente"
Es difícil contactar con quienes están encerrados en Busmantsi o Lyubimets. Tan solo se permite a unos pocos visitar a quienes allí se encuentran, en visitas de apenas 30 minutos. “La comunicación telefónica es posible presentando una solicitud formal para utilizar un teléfono personal durante 30 minutos en horario laboral. Como alternativa, los detenidos pueden utilizar teléfonos sin cámara ni GPS, con todos los gastos a su cargo”, explica Al-Khalidi. Así es cómo logra comunicarse con el exterior. Además de a través de las limitadas visitas que se le permiten.
Pero aún así, o incluso pudiendo contactar via conexión telefónica, la mayoría no se atreven a hablar. “Ahmed tiene demasiado miedo para presentar una denuncia, me dice que teme lo que puedan hacer si comparte cualquier información. No tiene documentos, acude a los tribunales sin representación legal adecuada y, como otras personas que sufren abusos, desconfía de cualquier procedimiento interno en Bulgaria, como los procesos de denuncia”, recita el mensaje del periodista. Este de los pocos que se atreve a contar lo que ocurre, que denuncia abiertamente lo que pasa dentro de estos centros y los fallos en el sistema búlgaro.
También es Abdurrahman de los que más tiempo lleva en este centro y afirma que “a lo largo de los años en este centro de detención, he sido testigo de agresiones físicas, acoso sexual, intentos de suicidio y ahorcamiento, apuñalamientos, negligencia médica y psicológica, informes médicos falsificados e insultos de la policía. He soportado personalmente agresiones físicas por parte de agentes. Pero lo que está ocurriendo ahora es una absoluta locura.” Lleva allí desde octubre de 2021; 3 años y 8 meses.
Acabando con la salud mental
“Lo que más preocupado me tiene ahora es la salud mental de las personas en el campo”, se lee en uno de los primeros mensajes que intercambiamos. Durante las últimas semanas se han manifestado casos donde el deterioro de la salud mental es consecuencia directa de las actuaciones policiales tanto en las fronteras como en los centros.
“Tras tanto tiempo en los centros, la gente ve empeorada su salud mental, que ya se veía afectada por las fuertes situaciones que han tenido que enfrentar en su viaje hasta Europa”, cuentan desde MVI, desde Harmanli, en la frontera turco-búlgara, quienes han podido tratar a muchas personas que se encuentran en el campo de esta ciudad. “Nosotras no tenemos acceso a Busmantsi, pero en los centros de detención la situación es aún peor. A los largos periodos de espera y el trauma de la ruta, se le suma la frustración o el miedo al ver que su solicitud de asilo ha sido rechazada”, explica.
Fatimah vive en Francia y es hermana de Omar —los nombres han sido cambiados a petición de la familia—, un joven sirio que posee permiso de residencia en Alemania. Omar fue detenido en Bulgaria mientras intentaba visitar Siria, y llevado a Busmantsi. Desde entonces, su hermana ha denunciado “las acciones agresivas del personal de seguridad del centro de detención de Busmantsi y del aeropuerto de Sofía, que se aprovecharon de las vulnerabilidades de salud mental de Omar”. Tras el mal trato en el aeropuerto, el joven sirio fue llevado a Busmanti sin capacidad de reclamo. Una vez en este centro, la hermana denuncia que “Omar y otros detenidos han sufrido graves abusos, entre ellos repetidas agresiones físicas: En particular, el 7 de abril de 2025, en el comedor, dos guardias de seguridad agredieron a Omar, causándole graves lesiones en la pierna y las costillas, que le impidieron mover la pierna. Además, tras un intento fallido de deportación, en el que Omar sufrió un ataque de pánico en el aeropuerto y no pudo embarcar en su vuelo, fue devuelto al centro de detención y gravemente golpeado, y no pudo salir de su celda ni moverse durante al menos dos días. Omar fue golpeado tras salir del comedor, y se aprovecharon de su vulnerabilidad mental para maltratarlo aún más. No solo esto, sino que mi hermano fue recluido en régimen de aislamiento, lo que agravó el deterioro de su salud mental”.
También Abdurrahman, tras la correspondiente consulta psiquiátrica presenta “síntomas múltiples, así como una historia clínica de traumatismo psicológico sistemático y la residencia continuada en un entorno traumático, son la base para el diagnóstico del Trastorno por Estrés Postraumático Complejo (TEPTC).”
"Tras tanto tiempo en los centros, la gente ve empeorada su salud mental, que ya se veía afectada por las fuertes situaciones que han tenido que enfrentar en su viaje hasta Europa"
Como bien se especifica en el diagnóstico del activista saudí al cual hemos podido acceder, “la detención continuada en un entorno con características traumatizantes, sin una perspectiva clara de poner fin a la detención y sin la provisión de un tratamiento y seguimiento adecuados, conduce a un pronóstico negativo para el desarrollo del trastorno mental diagnosticado, con una expectativa razonable de su complicación con síntomas adicionales y la intensificación de los ya existentes, así como a la cronificación de los síntomas y a una disfunción psicosocial duradera, con el consiguiente deterioro del funcionamiento personal y dificultades duraderas de adaptación social en el futuro.”
Sin salida
Bulgaria se ha convertido en una prisión para quien allí entra. Por un lado, quien consigue cruzar la frontera afrontando al violencia que esta supone será enviado, probablemente, a un campo de detención, donde permanecerá sin fecha de salida; ni siquiera las decisiones de los tribunales búlgaros consiguen liberar a quienes allí están. Una sentencia del Tribunal Administrativo de Sofía del 26 de marzo ordenaba la puesta en libertad de Abdurrahman Al-Khalidi, pero el disidente sigue en Busmantsi.
A su vez, también resulta cada vez más difícil salir del país. Y es que desde la entrada de este al espacio Schengen, sus autoridades tienen la orden europea de evitar que las personas puedan alcanzar cualquier otra frontera de la UE. De ahí las denuncias, cada vez más usuales, de pull-backs. A esto se le suma las cada vez más frecuentes informaciones de personas deportadas a Bulgaria desde otros países miembro —sobre todo Alemania—, como es el caso de Omar.
Desde dentro de Busmantsi informan “A la mayoría de los sirios devueltos [desde Alemania] se les da a elegir entre 18 meses de internamiento o la expulsión [de Bulgaria]. Suelen elegir expulsión”.
Ya no es solo que Bulgaria acoja cárceles donde las personas esperan eternamente su garantía de asilo o su deportación, sino que el país en sí mismo se ha convertido en una prisión. Como lamenta Abdurrahman Al-Khalidi “somos prisioneros”.
