Con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como la ley del ‘Solo sí es sí’), la mutilación genital femenina se comienza a considerar oficialmente como una violencia sexual y de género, así como el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. La prevención, protección, formación, asistencia integral y la reparación son esenciales para acompañar a las mujeres víctimas de estas violencias.
Así lo demandan las mujeres participantes del Encuentro de Buenas Prácticas de la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina (MGF), celebrado en Madrid el pasado 15 y 16 de noviembre. “La mutilación genital femenina viene acompañada de muchas otras violencias, y es la gran desconocida. En las violencias de género no sirven genéricos, hacen falta todos los detalles”, empieza una de las participantes. El Encuentro es un espacio de diálogo y de intercambio para el desarrollo de itinerarios que cuenten con protocolos que no revicitimizen a las mujeres que han sufrido o sufren violencia sexual, y para garantizar una atención integral cuando se requiera. Se reúnen mujeres migrantes y entidades de Madrid, Catalunya, el País Vasco, Aragón y Valencia. Coinciden en denunciar la desprotección de las mujeres que han sufrido la MGF y la necesidad de des-victimizarlas; en la importancia de garantizar una atención integral y promover el papel de las mediadoras culturales; y también manifiestan la necesidad de formar al personal sanitario entorno las mutilaciones genitales femeninas para prevenir múltiples violencias más.
Según datos de Amnistía Internacional, la MGF afecta a 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, y cuatro millones más de niñas están en riesgo de sufrirla. Esta práctica es una expresión de violencia de género y sexual que se extiende en 29 países de todo el mundo, aunque donde más se concentra es en África subsahariana, seguido de países de Oriente Medio, Asia, Latinoamérica y también Europa. En el caso africano, UNICEF recogía en 2020 que los seis países con una prevalencia de casos de MGF más elevados son Somalia (98%), Guinea (95%), Djibouti (94%), Malí (89%), Egipto (87%) y Sudán (87%). Cabe destacar que no todas las comunidades que habitan dichos países practican la MGF, y que los que la practican tampoco lo hacen de la misma forma.
Atención integral en los casos de MGF
“La atención que se debe garantizar a las mujeres que han sufrido la MGF tiene que ser integral: eso significa que debe tener un enfoque de derechos humanos, interseccional, con atención individualizada a cada mujer y adaptada a las necesidades de la salud holística, es decir, con atención física, psicológica, emocional y económica”, reclaman las participantes del Encuentro. Las mutilaciones genitales femeninas conllevan graves implicaciones sanitarias y psicosociales: ponen en riesgo su integridad física y psicológica, además de violar sus derechos como mujeres y niñas. Comportan desde hemorragias prolongadas, infecciones, dolor intenso durante el ciclo, infertilidad, la negación del placer sexual y hasta incluso la muerte. Además, puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH.
El primer informe de evaluación de la aplicación de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa, apunta su preocupación por la concentración de esfuerzos en la violencia en el seno de la pareja y no tanto en otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, como son el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina, cuestiones que la ley de la Libertad Sexual sí pone atención y recoje.
En concreto, el GREVIO identifica una serie de cuestiones que requieren acción urgente, tales como fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional. Pretende cumplir las obligaciones globales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños frente a las violencias sexuales, integrándose también en la política exterior española. Y también, siguiendo el mandato del artículo 9.2 de la Constitución, pretende remover los obstáculos para la prevención de estas violencias, así como para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas.
Aun así, es importante estudiar cada caso de manera individualizada, para entender y aplicar los protocolos adecuados según las necesidades de cada mujer y su situación de vulnerabilidad. Nerea Sancho, miembro de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF), expresa la voluntad y finalidad de la Red para generar itinerarios que ayuden a la administración y a los servicios públicos a “no caer en la revictimización y la improvisación”, ya que en muchos casos puede haber mujeres que no requieran de una atención integral, y en otros muchos casos que sí, porqué “a día de hoy todo se reduce a la quemadura y la cicatriz, no hay una atención integral real”, matiza.
Una práctica que evidenció el doctor y coordinador de la área de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona durante el foro ‘La voz de las mujeres africanas contra la violencia de género’, organizado por Ahcama y celebrado en Barcelona a finales del mes de octubre.
Explicó que el protocolo de atención integral a las mujeres que han sufrido la MGF se desarrolla durante un solo día. Un tiempo insuficiente, según Médicos del Mundo, ya que es imposible dar atención completa en tan poco tiempo y cumplir lo que significa la palabra integral: atención médica, física, psíquica, emocional y social. Ponen todas en relevancia la necesidad de formar específicamente sobre mutilaciones genitales femeninas a los profesionales sanitarios, para evitar revictimizaciones y asegurar las voluntades y necesidades de cada mujer.
Tener referentes comunitarias
La atención integral está directamente relacionada con una atención individualizada con la mujer que ha sufrido la MGF y/o otras violencias de género, y para ello es necesario la prevención y detección de las mujeres que la han sufrido. Las distintas asociaciones del estado que trabajan en este campo, como por ejemplo Ahcama, Legki Yakaru – Associació de Dones subsaharianes, Asociación Karibu, Asociación de Mujeres de Guinea de Madrid o la Fundación Wassu-UAB, coinciden en la necesidad de tener referentes comunitarias para poder acercarse a las mujeres vulnerabilizadas. Aun así, en muchos casos las referentes son voluntarias, y denuncian una clara falta de recursos económicos para atender los casos. “Si nosotras y nuestras asociaciones son espacios de referencia, y somos las responsables de derivar las mujeres a una atención integral, entonces es necesario que contemos con recursos económicos, y que esté presupuestado por la administración”, puntualiza Aissa, miembro de Ahcama. Legki Yakaru – Associació de Dones subsaharianes, por su parte, atribuye la falta de recursos a un racismo institucional imperante: “Si la mutilación genital femenina dependiera de las subvenciones, entonces no haríamos nada. Las pides a principios de año y te las dan a finales de año, si es que ocurre. Es un trabajo puramente militante.”
El papel de las mediadoras interculturales
El artículo 22 de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual especifica la labor y responsabilidad por parte de las administraciones públicas para establecer protocolos de actuación que permitan la detección y atención de casos de mutilación genital femenina y de matrimonio forzado, para lo cual se procurará, apunta, la formación específica necesaria para la especialización profesional, pudiendo incluirse acciones específicas en el marco de la cooperación internacional al desarrollo.
La mediación intercultural es un elemento clave para la inclusión y el acceso a la información de las personas migrantes. En España, se trata de un fenómeno bastante reciente, que no está del todo definido ni profesionalizado, así como denuncian investigadores y entidades, aunque según el Real Decreto 638/2000, quedó reconocida por el Ministerio de Interior. A efectos prácticos, la mediación intercultural suele estar relacionada con el ámbito de trabajo social, y las pocas opciones formativas se han llevado a cabo por organizaciones, y a la voluntad de algún departamento de servicios sociales de ayuntamientos. La mediación intercultural implica la interpretación y facilitación del lenguaje, los códigos comunicativos y el sistema de valores entre dos partes culturalmente distintas que se quieran y/o tengan que comunicar.
En el encuentro de la Red, se pone en valor el papel de las mujeres mediadoras africanas como facilitadoras entre las mujeres migrantes y profesionales de servicios públicos, así como receptoras de información dentro de la comunidad. Aunque denuncian la falta de reconocimiento e incluso, a veces, de rechazo: “Suele ocurrir que nos encontramos en la consulta de un médico, porque la mujer que tiene que ser atendida nos lo ha solicitado, y tenemos que discutir con el médico para que nos deje estar en la consulta. No sabemos si por motivos intencionados o por esta falta de reconocimiento.”
Así lo confirma la investigadora y filóloga de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, Carmen Valero Garcés: “Una responsabilidad que va a cargo de iniciativas individuales, con poco apoyo estatal, escasa remuneración, falta de formación y de coordinación, así como de éticos estandarizados.”
Certificación MGF, ¿qué supondría?
El tercer eje que se debate en el Encuentro de la Red es la posibilidad de disponer de una certificación médica MGF. Podría tener un impacto directo en la facilitación del trámite para conseguir el asilo, por ejemplo, así como también se reconocería una vez más como una violencia machista y sexual. Las mujeres que han sufrido la MGF no tienen por qué denunciar, pero la han sufrido, con lo que si se dispusiera de este certificado médico se podrían evitar otras violencias añadidas y facilitar procesos burocráticos y de extranjería. Aun así, manifiestan la importancia de acompañar la certificación médica con un informe psicosocial de cada caso, para garantizar que siempre se cumple un proceso integral e individualizado de cada mujer.
También cabe destacar la importancia de disponer de unidades de referencia en cada Comunidad Autónoma, lideradas por entidades y personas especializadas en la materia. Hasta el momento, no existe una homogeneidad de trabajo y protocolo en estos casos entre las distintas CCAA, y tampoco que garantice una atención integral. El estudio realizado en 2020 sobre la mutilación genital femenina en España por la Fundación Wassu-UAB, señalaba lo siguiente: “El Protocolo común para la actuación sanitaria ante la MGF guía a los profesionales de la salud en la detección, tratamiento y prevención de la práctica. El hecho de que dicho protocolo solo se centre en la atención médica, no garantiza un enfoque integral del problema. Además, dada la estructura política de España, existe una falta de homogeneidad de políticas y servicios públicos entre las Comunidades Autónomas en materia de prevención, protección y enjuiciamiento de casos de MGF”.
“Es necesario hacer incidencia en todos los estratos, de macro a micro: desde nivel estatal, hasta las Comunidades Autónomas, municipios, profesionales y las mujeres afectadas”, añaden. El acompañamiento requiere un enfoque de género, comunitario. Sin estigmatizaciones, sin racismo, sin revictimización, que las mujeres afectadas sean la voz activa y protagonista, más allá del 6 de febrero.
Pieza publicada originalmente en Catalunya Plural
