Calma chicha. Así vemos el Océano Atlántico en las costas que bañan las Islas Canarias este septiembre. El mar calmado ha vuelto a incentivar este otoño las migraciones por la ruta canaria, una de las más mortales. Si hablamos de números, aunque nunca representativos, una de cada cuatro personas migrantes ha llegado al archipiélago durante el último mes, lo que representa a un 25% del total de llegadas en lo que va de año. En el mes de septiembre se han superado las 3.000 llegadas. Muchas, sin embargo, no llegan a ser contabilizadas.
Muertes, muchas muertes. Naufragios. Enfermedades en el tránsito y en la llegada; físicas, y también mentales. Ningún corredor humanitario. Y la certeza de que la situación no va a menguar. ¿Pero hay capacidad para condicionar a una media de 300 llegadas al día en las islas, como ha sucedido en el pasado? Txema Santana, periodista y miembro del departamento de migraciones en la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, lo tiene claro, y su respuesta es no: “Hay que estar atento a lo que va a pasar. Los CIEs siguen vacíos y no hay deportaciones. Así que lo importante es que no haya un bloqueo en las islas”.
Diciembre de 2020
“Interior tiene la función de autorizar muy puntualmente reubicaciones a la península, pero siempre priorizando perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables”. Así contestó, hace casi un año, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a las acusaciones de Vox y Ciudadanos ante la llegada de un vuelo con personas migrantes a Granada procedentes de las Canarias.
A partir del día 11 de diciembre se bloquearon todas las salidas de personas migrantes por mar y aire desde las islas. Una medida completamente arbitraria pues cualquier persona que se encuentre en el espacio Schengen puede moverse libremente por el territorio. Aparece, entonces, la definición del concepto de islas cárcel. «Yo quería viajar pero me encontré en el momento en que el aeropuerto estaba cerrado, a todos los que intentábamos viajar nos retenían. Entonces nos dijeron que íbamos a Tenerife, porque los hoteles tenían que cerrar y nos tenían que llevar a las Raíces. Yo preferí quedarme en la calle», denuncia el joven senegalés Mame Cheik.
La situación empeora: hacinamiento, aislamiento y persecución policial en las calles para llenar los vuelos de deportación. Según miembros de la plataforma de acogida ciudadana SomosRed Gran Canaria, todo un videojuego para las autoridades. La policía tenía que juntar: persona marroquí en posesión de una orden de devolución y pasaporte en vigor. “Muchos escondieron sus pasaportes bajo tierra, aquello se convirtió en una gymkana”, cuenta un miembro voluntario de la plataforma.
“Marlaska fue muy sibilino con sus palabras: solo aquellas personas que sean idóneas, bajo mis parámetros (malienses, mujeres, niños y enfermos) me los llevo sin entrevista y punto”, declara Daniel Arencibia, abogado y activista de SomosRed. Arencibia fue quien interpuso la denuncia para reclamar al juzgado el cese de bloqueos a las personas migrantes con pasaporte y billete.
Según el abogado, el hecho está en que no hay personas o nacionalidades idóneas para protección internacional, porque tal cosa requiere de una entrevista que demuestre que la persona en su país corre peligro. Alguien puede ser homosexual y marroquí y por tanto necesitar la protección internacional. Ayoub, pseudónimo para guardar su anonimato, llegó en patera este julio, escapando de su país por ser homosexual. El chico de 19 años fue trasladado al macrocampamento Canarias 50 de Las Palmas de Gran Canaria y de allí fue derivado a Península donde se encontró con su padre. El cansancio fue tal que volvió a pedir la readmisión en el centro de emergencia. Ahora se ha teñido el pelo, pasa largas horas en cama y, a día de hoy, aún no tiene fecha para la entrevista.
Agosto y septiembre de 2020
El aumento de llegadas de cayucos a las Islas Canarias aumenta exponencialmente. La crisis financiera en países africanos, el cierre de fronteras a causa de la pandemia del coronavirus y la inseguridad de las rutas migratorias que solían cruzar el Sahel hacen que la ruta canaria se convierta en la más transitada y, a su vez, la más mortal, con un total 2.170 muertes registradas. La falta de gestión por parte de la institución no estuvo a la altura de la situación y la acumulación de personas migrantes bloqueadas en el muelle de Arguineguín dio lugar a numerosas vulneraciones de derechos fundamentales, así como a imágenes vergonzantes que, tristemente, cada vez más forman parte de nuestro imaginario. Canarias era el nuevo Lesbos, Arguineguín, «el muelle de la vergüenza«.
Miles de personas durmiendo a la intemperie, hacinadas, comiendo tres bocadillos fríos al día, sin agua corriente y privadas de libertad. En un principio, la retención en el muelle no debía superar las 72 horas necesarias para realizar el triaje sanitario, la afiliación policial y el test PCR, sin embargo, “de forma reiterada las personas permanecían más de las 72 horas reglamentarias” según Txema Santana. Las personas llegaron a estar hasta un mes en el muelle.
El resultado, opina Arcadio Díaz Tejera, juez del CIE de Barranco Seco, “una estrategia de dique de contención que mande un mensaje al sur, generando miedo y desalentando a las personas migrantes de venir.” Claramente, el esfuerzo ha sido fallido. En la actualidad, el número de llegadas no mengua y las muertes se siguen perpetuando. “Nos seguimos basando en un sistema de recogida, recogemos pero no acogemos”, aclara Tejera.
La NO defensa
El juez, pese a encontrarse el muelle de Arguineguín fuera de sus competencias, decidió ir a la zona para valorar la situación. En sus incursiones sobre el terreno detectó dos violaciones flagrantes de derechos humanos. La primera, la retención de las personas durante más de 72 horas. La segunda, el derecho a una defensa. Este derecho fue vulnerado hasta el extremo en que el juez tuvo que informar a personas muy susceptibles de obtener el asilo sobre su derecho a solicitarlo, “cuando pregunté a la abogada de un chico maliense albino porqué no le había ofrecido esta información se justificó diciendo que no sabía nada al respecto.”
El propio colegio de abogados ha reconocido haber firmado órdenes de devolución sin haber conocido a sus clientes, un “papelito blanco” del cual la mayoría no conocían el significado. Lala El Mami, abogada en defensa de las personas migrantes, también identificó el mismo fallo: “cuando yo iba a verlos nadie les había informado de sus derechos, de que era un acuerdo de devolución, de que tenían que recurrirlo, de todo. Acabé prestando una asistencia que debían haber hecho los compañeros de turno de oficio y haciendo sus gestiones para presentar los recursos.”
La deshumanización e infracciones cometidas por los letrados de oficio durante los meses más candentes en las islas no se pueden denunciar sin tener en cuenta la precarización del sector. Los abogados cobran 50€ para asistir a los migrantes cuando llegan, hacer un recurso para parar la devolución, luego otro, pues el primero siempre es denegado, además de asesorar y mediar con la policía. “Si haces todo esto gastas más en gasolina que lo que te pagan” se queja Daniel Arencibia. La dejadez acabó por imponerse y, sóolo excepciones como Lala o Daniel mantuvieron el nivel de profesionalidad por el mero hecho de creer que estas personas merecían un trato digno. Meses más tarde, Arencibia, junto con miembros de SomosRed realizó formaciones a activistas que se ofrecían a ayudar a los migrantes a solicitar la protección internacional. Mientras, Lala El Mami iba y venía de una isla a otra en busca de “casos perdidos”.
Las heridas que genera el sistema de acogida
Problemas agudos de deshidratación, gangrenación de las extremidades (también conocido como pie de patera) heridas, infectadas por la mezcla de orina, gasolina, vómito y agua salada, heridas por presión de estar apoyando hueso contra madera durante días. Éstas son algunas de las dolencias más comunes que se desarrollan después de las largas travesías en patera. Momodou, nombre ficticio, relata como en su patera no tenían conexión del GPS lo que hizo que perdieran el rumbo. La travesía de Senegal a Canarias, si hay suerte, suele durar alrededor de 6 días. Momodou y las 135 personas de distintas nacionalidades con las que viajaba, estuvieron dos semanas en alta mar. Todos, milagrosamente, llegaron vivos, pero Momodou acarrea una neumonía crónica que no le deja dormir por las noches.
Fueron meses de caos e insalubridad: aumento de casos positivos por COVID-19, saturación de hospitales y muchas llegadas, entre ellas muchos niños y mujeres con lesiones graves, tanto físicas como mentales. Un año antes, con la llegada del virus, un equipo de intervención médica de emergencia se había organizado para dar respuesta a los afectados. Médicos de familia y pediatras con experiencia en crisis sanitarias internacionales se organizaron para dar respuesta a la pandemia. Gracias a su sensibilidad en temáticas de cooperación pudieron trazar un plan maestro para garantizar la asistencia sanitaria también a las personas migrantes. “Nuestra jugada fue aprovechar la obligatoriedad de las pruebas PCR a las personas que llegaban para registrarlas en el sistema sanitario español y poder así atenderlas” relata Abian Montesdeoca, pediatra que estuvo en primera línea y que, pese a sus esfuerzos, reconoce que “de agosto a octubre el escenario fue terrible”.
Sin embargo, las que más preocupan a Abian son las heridas que genera este sistema en la salud mental de los migrantes, “el que sobrevive el trayecto debería tener una atención psicológica integral, pero no existe, y nos encontramos con un alto número de adolescentes que consumen tóxicos, se autolesionan, y entran en en redes de droga o prostitución.”
Es más, en un inicio se procedía a separar a las madres de sus hijos durante meses mientras esperaban el resultado de las pruebas de ADN, que debían verificar que se trataba de la madre biológica. Uno de muchos casos fue el de Marian y Aisha, tía y sobrina respectivamente. Ambas vinieron juntas, la mamá había fallecido y el padre, emigrante en Francia, había escrito que Marian era la responsable de la pequeña. “Durante las 72 horas de cribaje inicial, la policía cogió a la niña para hacerle las pruebas y las separaron sin avisarlas, durante meses,” relata una extrabajadora de un centro de mujeres de Cruz Roja. Esta medida acabó por ser revocada por la Fiscalía debido a los evidentes efectos adversos que podía causar en el bienestar y la salud mental tanto de las madres como de los menores.
Febrero, 2021
El muelle de Arguineguín se descongestionó, se trasladó a cientos de personas a hoteles y apartahoteles. A algunas se las reubicó en distintas islas. Otras se quedaron en la calle. Y empezó el Plan Canarias en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Protocolo basado en la construcción de infraestructuras permanentes, también conocidas como macrocampamentos de emergencia, para dar acogida a 7.000 migrantes.
En Gran Canaria, un hecho concreto en el barrio de la Isleta despertó la crispación entre los vecinos. Cruz Roja expulsó por altercados a 44 chicos, en su mayoría jóvenes, de origen marroquí, del macrocampamento Canarias 50. Lo que significa la imposibilidad de poder ir a cualquier otro recurso humanitario del Estado, y por tanto situación de calle y desamparo total. «En el barrio, se dieron manifestaciones y acciones de transfondo racista y xenófobo. Se realizaban identificaciones en la calle, se detuvo y se deportó. Se dieron situaciones surrealistas, aquello era una persecución. Tras intentar su readmisión SomosRed ocultó a unos 20 chavales en localizaciones secretas», relata Manu, miembro fundador del hostal asociación Atlas.
Respuesta ciudadana
“Cuando se bloqueó el ferri donde viajaban chavales migrantes que querían ir a la península y se quedaron en situación de calle, vimos que había más y más gente en la calle” cuenta Anna, activista de la plataforma ciudadana SomosRed, que en lo que va de año ha dado respuesta a centenares de personas en situación irregular. “De un grupo de 4 o 5 personas, en una semana ya éramos 60 y se empezaron a crear comisiones, de jurídico, de comunicación, de logística, de acogida…”. SomosRed acabó por acoger a 200 voluntarios que se organizaron tanto para hacer reparto de comida y mantas en puntos clave de la isla como para realizar incidencia política y acompañamiento jurídico.
Centros de alojamiento particulares y parroquias también respondieron ante la situación. “Vimos lo que hacían SomosRed y no dudamos en ofrecer nuestro espacio para ayudar a las personas migrantes en situación de más vulnerabilidad”, cuenta Manu.
Desde las primeras llegadas en marzo de 2020, y su crecimiento exponencial en agosto, médicos y abogados se organizaron para tratar de ofrecer una respuesta y atención digna a las personas que llegaban. Vecinos y vecinas de diferentes edades y profesiones salieron a la calle a ayudar. En un clima atípico y de emergencia absoluta la gente protegía a la gente.
La institución falló, y la ciudadanía dio un paso por delante. La institución dejaba personas en la calle y los vecinos se organizaban para acogerlas y repartirles comida. La institución hacinó personas y la ciudadanía se formó para poder informarles de sus derechos. La respuesta de los y las canarias ha sido un ejemplo de empatía, solidaridad y respeto por sus islas. En la situación actual, el escenario se repite, y vecinos y activistas vuelven a activarse para gestionar unas condiciones de acogida, lo más dignas posibles.
Antes de la pandemia de la COVID-19, las Islas Canarias acogían hasta 18 millones de turistas anualmente. Los complejos de ocio y vacaciones están arrasando con la flora y paisaje del archipiélago. El paro estacional es de lo más elevados. Cada vez son más los grupos ecologistas y vecinos que luchan en contra de ello, sin demasiado éxito. En 2020 llegaron alrededor de veinte mil personas migrantes en busca de un futuro mejor, y a esto se le llamó crisis migratoria.
Pieza publicada originalmente en La Marea
