En la vereda colombiana La Plancha, la convivencia entre excombatientes y población civil es una realidad marcada por necesidades comunes
Anorí, departamento de Antioquia
María de los Ángeles Apasco y Marta Cecilia Gómez comparten objetivos y esperanzas. Son vecinas del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jhon Bautista Peña, ubicado en la vereda La Plancha, en Anorí, en el departamento de Antioquia. Actualmente, este ETCR lo habitan unas 60 personas —inicialmente lo habitaron más de 300—, donde conviven personas excombatientes de las FARC-EP y firmantes de paz junto con algunas personas de la población civil colombiana. Aunque los caminos de María de los Ángeles y Marta Cecilia han sido distintos, a fecha de hoy las dos coinciden en sus máximas prioridades: “tener una tierrita y una vivienda digna”.
Apasco tiene 37 años y es excombatiente y firmante de paz. Trabaja en el mismo ETCR confeccionando mochilas y ropa de montaña en la cooperativa Coomuldesna. Gómez tiene 55 años y es parte de la población civil del país. Se encarga del restaurante del ETCR, tanto de la cocina como del servicio, además de cuidar de su huerto y de los animales. Las dos habitan este espacio a conciencia, y comparten su trabajo activo para el buen funcionamiento y convivencia del mismo.
El ETCR Jhon Bautista Peña es una de las 24 zonas que se habilitaron en 2017, tras la firma de los Acuerdos de Paz, para la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP
El ETCR Jhon Bautista Peña es una de las 24 zonas que se habilitaron en 2017, tras la firma de los Acuerdos de Paz, para la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP. Inicialmente y tras la firma de los acuerdos, estos espacios se denominaron Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pero después del proceso de dejación de armas, las ZVTN pasaron a ser ETCR. Estas zonas habilitadas para la reincorporación son eminentemente rurales: son zonas muy afectadas por el conflicto armado en el país, y también son zonas que habían sido bases de diferentes frentes de las FARC-EP durante el conflicto. Quien da nombre a este ETCR antioqueño es un excombatiente de la misma zona que fue asesinado. “Así guardamos su memoria”, asegura María de los Ángeles.
El último informe trimestral del Secretario General de la ONU, publicado en marzo de 2024, recoge que la inseguridad sigue afectando especialmente a las comunidades de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. El mismo informe apunta que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, se han verificado 416 asesinatos de personas excombatientes de las FARC-EP. Y en lo que va de 2024, según los datos publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ya han asesinado a cinco excombatientes y a 20 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, cinco de los cuales fueron en el departamento de Antioquia.
El estigma por ser firmante de paz, junto con las dinámicas de violencia y confrontación de grupos armados, se traduce en la expulsión de la población de las zonas rurales, y afecta especialmente a las personas que están en proceso de reincorporación. Actualmente, cerca de 2.000 excombatientes hacen su proceso de reincorporación en los ETCR, mientras que aproximadamente 3.000 lo hacen en áreas colectivas fuera de estos espacios, señala el informe del Secretario General de la ONU de diciembre de 2023.
Tierra y techo
“A mí me gustaría vivir en otra parte, porque aquí no tenemos futuro en nada. Las perspectivas de una siguen siendo las mismas, porque los problemas también siguen siendo los mismos. Lo único que queremos es tener nuestra tierrita para cultivar y tener una vivienda digna”, señala María de los Ángeles. Nació en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país, pero explica que no puede volver a su pueblo natal por el estigma que acumulan las personas firmantes de paz. “En cierta forma, una encuentra tranquilidad, acá en el ETCR, pero muchas seguimos estando lejos de nuestras familias. En donde vive mi familia, yo no puedo decir que soy firmante, que soy excombatiente”.
Apasco ingresó en las filas con apenas 16 años. “Risaralda es una zona rural, mi familia es campesina. En aquel entonces, la guerrilla tenía mucha incidencia en esa zona. No iban uniformados, pero ya se conocía quién era y quién no. Hacían reuniones y daban revistas, y en una de éstas hablaban de la lucha guerrillera, mencionaban las problemáticas que se vivían y lo que buscaban, también de encontrar un acuerdo con el gobierno. Veía muchachos muy jóvenes que ingresaban, y pensé: ¿por qué yo no? Ingresé entonces por la necesidad de creer que estaba haciendo algo, y de que algún día se podría lograr un cambio. Porque sin hacer nada no se veía posible, y las problemáticas eran cada día más duras”.
"Ingresé por la necesidad de creer que estaba haciendo algo, y de que algún día se podría lograr un cambio"
Marta Cecilia Gómez es originaria de Sabanalarga, en el mismo departamento de Antioquia. Ella no es excombatiente, sino que es parte de la población civil colombiana, pero se fue al ETCR para trabajar. “Yo vine por necesidad. Me llamaron para que viniera a cocinar y servir comidas y no podía dejar pasar la oportunidad. Así, puedo ayudar a pagar la universidad a mis hijas. No me ha ido mal gracias a Dios, la gente es muy formal y para mí son como una familia”, explica mientras da de comer a los animales. “Para mí la vida aquí está bien. Vivo entretenida: que si los pollos, que si los marranitos, que si la huerta de cebollas, las yuquitas, trabajando en la cocina… Yo acá hago de todo”.
Aun así, Marta Cecilia coincide con María de los Ángeles en que las principales necesidades de toda la comunidad son el acceso a una vivienda y a un trozo de tierra para poder trabajar. “Qué rico sería levantarse por la mañana y sentir una vaca bramando para ir a ordeñar; y tener dónde sembrar, porque estas tierras son muy estériles”. Además, las casas en las que viven las personas en el ETCR son prefabricadas y están mal aisladas, “si usted está roncando lo escucharemos todos”, explica Marta Cecilia entre el sarcasmo y la incomodidad. Aparte, la ubicación de las veredas dificulta el acceso a la salud o al agua potable, entre otras cosas. Tanto Apasco como Gómez dan especial énfasis a la inseguridad en los territorios rurales por la presencia de disidencias y grupos armados, “pero no tenemos alternativas de a dónde ir”, dice Marta Cecilia.
Cerca del 80% de excombatientes, incluidas 2.815 mujeres, participan en proyectos productivos. En el caso del ETCR Jhon Bautista Peña, esta pieza es clave
Cooperativismo: reincorporación y capacitación
El mismo informe trimestral del Secretario General de la ONU señala que cerca del 80% de excombatientes, incluidas 2.815 mujeres, participan en proyectos productivos. En el caso del ETCR Jhon Bautista Peña, esta pieza es clave: en La Plancha, algunas de las personas en proceso de reincorporación fundaron la cooperativa Coomuldesna, que es el paraguas que engloba diferentes proyectos productivos dentro de la economía social y solidaria. Estos proyectos siguen y se van renovando, y son una fuente de ingresos para las personas involucradas en cada línea productiva.
María de los Ángeles fue una de las fundadoras de la cooperativa. “Necesitábamos una personalidad jurídica para canalizar el dinero que ganaríamos con cada proyecto, así que conformamos la cooperativa. Aun así, la burocracia nos atropelló, fue un proceso costoso”. Explica que los primeros proyectos que se impulsaron fueron el de piscicultura y el de apicultura; pero a día de hoy, hay seis líneas productivas en marcha.
Apasco es operaria de máquina en el proyecto Confecciones La Montaña. Se dedica a coser y manufacturar riñoneras, mochilas y pantalones de montaña, principalmente, y lo distribuyen y venden en toda Colombia. “Los productos que confeccionamos son similares a los que teníamos y usábamos en el monte. En aquel entonces, ya trabajábamos con máquinas, y acá lo hemos replicado con más herramientas, material y variedad de telas”. Explica que, actualmente, en el proyecto de Confecciones trabajan activamente 21 personas, principalmente mujeres. “La idea de los proyectos es poder generar ingresos para nuestro sustento”. Este proyecto forma parte de la Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán y cuenta con el apoyo de la Corporación Alternativas de Paz (Alterpaz). Además, la línea productiva también recibe la colaboración de la cooperación internacional: actualmente, de la Associació Catalana per la Pau, la Fundació Món-3 y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Por su parte, Marta Cecilia participa en Esencias de La Montaña, un proyecto con 10 personas trabajadoras que elabora y distribuye diferentes productos de cosmética natural. Gómez colabora en el proyecto, pero no forma parte de la cooperativa, ya que también trabaja en otros puestos en el ETCR. Esencias forma parte de la misma Federación y cuenta con el apoyo de Alterpaz y de la Universidad de Antioquia.
A pesar de que María de los Ángeles declare que querría vivir en otra parte, también subraya muchas veces la responsabilidad colectiva de dar vida al proyecto y la cooperativa: “si la gente se va del ETCR, los proyectos se desaniman y caen. Necesitamos un cúmulo de personas que trabajen a diario para seguir adelante. Las perspectivas de los proyectos son buenas, pero a futuro están más bien colgando”. Para Marta Cecilia también existe la doble vara: la necesidad de mejorar las condiciones de vida y la preocupación de a dónde van a ir cuando tengan que marcharse del ETCR. “De momento no nos han podido —o querido— acomodar en ninguna otra parte. Yo no me veo con 55 años de irme y volver a empezar. Solo pienso en qué pasará el día que nos tengamos que ir de acá”.
Reportaje publicado originalmente en El Salto.
