La inminente desaparición de los campos de refugiados en Grecia parece evolucionar hacia el modelo migratorio español, explican desde Stop Mare Mortum, y alinearse con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020, que » impone una visión utilitarista en la aprobación de solicitudes». Este artículo forma parte de la serie de colaboraciones de opinión y análisis que la ‘Directa’ pone a disposición de varios espacios y colectivos sociales.
La crisis migratoria europea no cesa. En 2016 el mensaje de Angela Merkel y la cúpula de la política europea anunciaba un cierre de fronteras que sólo sería el prólogo de toda una trama que ha venido después. Los nuevos Pactos Europeos de Migración y Asilo, los miles de devoluciones en caliente, la vulneración de todo tipo de derechos humanos y los intereses económicos han marcado el ritmo de actuación hasta la fecha.
Hace pocos días, el telediario, en medio de las portadas sobre la COVID-19, volvía a poner el foco en Siria. Hace ya diez años que la guerra continúa. Ahora ser refugiada es más difícil que hace diez años.
En Europa, los campos de personas refugiadas llevan tiempo siendo una realidad, una realidad incómoda a la que nadie –ni instituciones ni el discurso público– quiere hacer frente. Sin embargo, para muchos ha sido motivo de enriquecimiento o de beneficio político. Grecia es su epicentro. Desde el principio, la UE ni ha ayudado a mejorar las condiciones en el país ni ha compartido responsabilidades en el ámbito migratorio. De esta forma, los campos se han ido llenando y, en consecuencia, han ido empeorando las condiciones de sanidad y dignidad de sus residentes. Samos, Quios y Lesbos, las tres ubicadas en el mar Egeo, han sido las islas que se han llevado gran parte de la tarta. Hace ya un par de años que el gobierno conservador griego propuso un plan para cerrar sus tres campos principales –Vathy, Vial y Mória, ahora Karà Tepé– y sustituirlos por centros cerrados, con la excusa de acabar con el hacinamiento y la falta de higiene. Pero el objetivo real, y cada vez más claro, es bloquear las corrientes migratorias.
En la actualidad, el Ministerio de Migración y Asilo, encabezado por Notis Mitarachi, ha anunciado la entrada en vigor y el cumplimiento de la ley 4686/2020 para detener los flujos migratorios y «descongestionar» las islas. La intención de esta ley es crear estructuras cerradas con un número de residentes predeterminado, donde se realizarán todos los trámites de recepción, identificación y registro de las solicitudes de asilo. Es decir, se agilizarán los trámites y todo el mundo a quien se le deniegue la solicitud, será deportado. Además, y en virtud de lo que dice la ley, el tiempo de apelación después de una respuesta negativa se reducirá. «La medida debería enviar un mensaje claro al que se plantea venir al país ilegalmente cuando no tiene derecho al asilo» ha dicho el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas.
Según la activista y miembro de WISH (Women in Solidarity House) en Lesbos, Inés Marco, el plan es crear un modelo más invisible e impedir el acceso de cualquier organización, reforzando así el hermetismo de estos centros. Esto ya ha comenzado, «quieren un campo cerrado, una cárcel, un modelo CIE, con capacidad para 5.000 personas», ha declarado Marco.
En cuanto a la realidad de los campos en la península, también existen cambios. En Nea Kavala, campo junto a la frontera de Macedonia, las grandes carpas han sido destruidas y ha comenzado la construcción de un nuevo centro «a golpe de martillo, sin tener en cuenta a las familias que vivían allí», ha expresado Àlex Martos , un joven voluntario de la organización Drop in the Ocean. “En un inicio los residentes se cabrearon porque empezaron a poner más personas por habitación de las que habían dicho. Se hizo una mani en contra, pero ahora ya no se escucha nada. La gente lo ha aceptado, supongo”, ha recordado Àlex.
Todo apunta a que el modelo de campos para personas refugiadas en Grecia tal y como lo conocemos desaparecerá. A priori, puede leerse como una victoria en la batalla por la dignidad de las personas que buscan asilo en Europa. Sin embargo, este nuevo planteamiento cada vez se asimila más a lo que hay en España, donde no existen campos de refugiados, pero abundan los hacinamientos en barracas de temporeros, la presión psicológica de los CIE y las devoluciones en caliente.
Si nos fijamos en Canarias, podemos ver un antecedente directo en las islas del Egeo: llegada de miles de personas; improvisación de campos temporales y reubicación en “hoteles turísticos”; bloqueo peninsular; y en última instancia, deportaciones.
Así, en enero, miles de personas se aglomeraron en el puerto de Arguineguín, durmiendo a la intemperie, debido a la incapacidad –o falta de voluntad– de trasladarlas con agilidad. La creación de campamentos provisionales ha sido tan sólo una cronificación de la falta de voluntad para gestionar la crisis migratoria y con la reapertura de los CIE –muchos de los cuales permanecieron inoperativos durante el confinamiento por la COVID-19– se cierra por completo la puerta a crear espacios de acogida reales y, sobre todo, luchar conjuntamente por una política de distribución territorial de estas personas.
Tanto el modelo griego como el español parecen alinearse a la perfección con lo que se puede leer entre líneas del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020. Los principales objetivos son: contribuir económicamente a facilitar el retorno de las personas migrantes, externalizar fronteras, reforzar el cuerpo operativo de Frontex con 10.000 efectivos y promover la captación de talentos, que impone una visión utilitarista en la aprobación de solicitudes.
En 2020, en España, el número de personas reasentadas en la península ha sido de 343, frente al compromiso de 1.200, número que se aleja en exceso del 33% de media europea de reconocimientos de asilo. Las promesas siguen sin cumplirse y el modelo de migración europeo evoluciona cada vez más hacia el proteccionismo nacional y la carencia de solidaridad. En medio de nuevos pactos y leyes para barrer a la gente migrante de Europa, nadie parece recordar que la causa de los conflictos que motivan a estas personas a abandonar su tierra, familia y amistades se encuentra en la existencia de un orden global norte-sur en el que Europa juega un papel protagonista como agente opresor.
No sabemos a ciencia cierta cuál será el futuro que se reserva a los campos, ni a las personas que en ellos viven y que siguen llegando cada día a Europa en busca de asilo. El próximo entramado legal que justifique políticas exclusivas y racistas será parte de un nuevo capítulo de esta crisis que se ha dicho de los refugiados, pero que es de Europa. Nosotros seguiremos exigiendo políticas que pongan la dignidad y la vida de las personas en el centro y que construyan de forma coordinada un sistema de asilo organizado y eficiente. No queremos más capítulos, sino un final digno.
Pieza publicada originalmente en La Directa (versión en catalán)
