Las ‘maras’, como se conoce a las pandillas en Centroamérica, son un rezago de cenizas de los conflictos armados internos que ha vivido la región, agravado por la fragilidad de sus instituciones. Arelys, madre de 34 años, lo resume así: “Aquí siempre se vive “Ojo al Cristo”. Vecina de un municipio aledaño a la capital guatemalteca y madre de dos niñas, describe con esas palabras la inseguridad permanente que la presencia de las pandillas impone en su barrio
Guatemala
En los barrios periféricos de la Ciudad de Guatemala, la supervivencia diaria golpea doble a las mujeres que sostienen solas a sus familias. Un ejemplo es doña Laurena, quien durante 35 años vendió comida típica en un puesto callejero de su colonia (término que designa un barrio en ciertos países de Centroamérica). Durante un par de años, como tantos otros comerciantes, pagó puntualmente la extorsión mensual que las maras le exigían por dejarla trabajar. Hasta que un mes ya no pudo más. Prefirió desmantelar el puesto de la esquina donde toda una vida la conocían, antes de que la fueran a conocer por no pagar. Se mudó, y en otro barrio tuvo que reorganizar su vida.
Guatemala, un país del norte de Centroamérica con 18 millones de habitantes, constituye un complejo mosaico humano y social: está compuesto mayoritariamente por pueblos originarios (mayas, sobre todo), por población mestiza y enmarca una de las disparidades sociales más agudas de América Latina. Es un territorio inmensamente rico en biodiversidad, pero como lo señala el informe de Oxfam, Entre el Suelo y el Cielo, el 1% de las personas más ricas (mayoritariamente blancas) posee los mismos ingresos que la mitad de la población del país. El informe agrega: “Tiene el mayor crecimiento económico de Centroamérica, pero la pobreza no se reduce por razones estructurales. Los imaginarios racistas y sexistas, junto con un Estado que ha perpetuado privilegios para una minoría, han concentrado un sistema de riqueza y poder”.
El país vivió, como otros en el llamado «Triángulo Norte» centroamericano, (término que normalmente prefiero evitar por su origen castrense), un conflicto armado interno (1960-1996) que estalló cuando guerrillas izquierdistas soñaban con equidad y acceso pleno a derechos, trabajo, educación y salud. La guerra, larga y sangrienta, dejó como herida un genocidio en 1982 contra su población maya ixil por parte del ejército guatemalteco.
En 2013 se alcanzó un hito histórico: el general Ríos Montt fue condenado por genocidio, en el primer juicio en el mundo por este crimen realizado en el propio país donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, apenas diez días después del fallo, la sentencia fue anulada: las élites lograron que la Corte de Constitucionalidad dejará sin efecto la condena de 80 años de prisión contra el exdictador, alegando vicios procesales.
En 1996, se firmaron los acuerdos de paz en un contexto de un Estado débil y profundas desigualdades sociales. Se transicionó muy luego hacia un modelo neoliberal que nunca integró sectores amplios de la sociedad.
Es en este caldo de cultivo de falta de oportunidades y exclusión, empezaron a nacer las pandillas, llamadas ‘maras’ en Centroamérica. La investigación de Insight Crime reconstruye el historial del surgimiento de las maras: “Como resultado de las guerras civiles que asolaban El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, hubo un flujo masivo de refugiados hacia el norte. Muchos de ellos terminaron en Los Ángeles, viviendo en su mayoría en los barrios mexicanos del este y centro de Los Ángeles, y en el valle de San Fernando. Aunque las pandillas mexicanas reinaban en los bajos fondos locales, los inmigrantes endurecidos por la guerra rápidamente se organizaron en grupos rivales, el más fuerte de los cuales se llamó los Stoners de la Mara Salvatrucha o MSS (por sus iniciales en inglés)”.
La investigación agrega además que: “Según una estimación, 20.000 delincuentes regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004. La tendencia continuó con el tiempo: las autoridades de migración estadounidenses expulsaron a casi 6.000 presuntos miembros El 18 de enero 2026, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio, tras el asesinato de diez policías atribuido a estructuras criminales, especialmente las maras Barrio 18 y Mara Salvatrucha. de pandillas solo en 2018.”
De las cenizas del conflicto armado y la fragilidad institucional que dejó a su paso, surgieron estas “maras” para ocupar los vacíos donde el Estado nunca llegó. Para entender su huella en la vida cotidiana, basta escuchar a Arelys, vecina de un municipio cercano a la Ciudad de Guatemala.
Arelys, 34 años, una madre de dos niñas y su vida atravesada por el miedo cotidiano de las maras
«Aquí, una siempre vive con el ojo al Cristo». Así describe Arelys su día a día en contexto donde la presencia de las maras se siente sin verse. Madre de dos niñas, ella camina a diario las empinadas calles de su barrio para llevar y traer a sus hijas de la escuela, porque subirse a un tuc tuc le aterra: «Los mareros andan en los tuc tuc, averiguando quién entra y sale a la colonia». Hace apenas unas semanas, en enero, mataron a dos muchachos en el bus. Desde entonces, Arelys evita los asientos delanteros: «No sé si fue por pandilla o por extorsión, pero como me enteré que los balazos también mataron a un pasajero que iba adelante, ahora los evito».
Como madre, el miedo se multiplica a la salida de la escuela. «Hay muchas motos esperando, son muchachos con planta de mareros”. La policía, dice, no aparece. «Si uno la llama, no viene. Solo andan dos policías que solo se mantienen en la calle principal». Y cuando sí aparecen, a veces es para extorsionar: durante el toque de queda de la pandemia, a un primo menor de edad se lo llevaron y pidieron dinero para liberarlo.
18 de enero de 2026. El presidente Bernardo Arévalo decreta estado de sitio tras el asesinato de diez policías, crimen atribuido a las maras Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Cuando llegó el estado de sitio, Arelys se sintió contenta. Me explica: «Había cuques (soldado en lenguaje coloquial guatemalteco) con tanquecitos, qué calidad. Yo sí lo sentí más seguro. Había soldados y más policías. Todo el mundo se sintió más seguro». Cuando le pregunto si la gente de su barrio está organizada con el fin de regular la presencia de maras en su sector, me cuenta que antes salían grupos de vigilantismo que velaban por las calles. Y agrega: “Pero desde que mataron a dos muchachos en el año 2021, la gente ya no quiere meterse en problemas por nada».
“Si en mi casa solo mujeres habemos, no podemos arriesgarnos”
Pues, el miedo tiene razones: hace un año mataron a su primo, de 18 años. Andaba con una mujer mayor; cuando él murió, ella desapareció del barrio. Arelys y su familia intentaron seguir el proceso de denuncia, pero sintieron que cuando caminaban por la calle hacia el Ministerio Público, personas los seguían. Luego, por la ineficiencia de ese Ministerio Público de su municipio que lo deja todo en la impunidad, decidieron ya no darle seguimiento al caso.
La joven madre también agrega: “Si se oyen balazos, nadie sale, porque no vaya a ser que nos vayan a hacer daño a uno”. Me confiesa que si ahora supieran quién mató a su primo, ya no harían nada.
Por eso, cuando su hija tuvo un problema en la escuela con un niño cuyo padre «parecía marero», prefirieron no reclamar. «Yo sé que no hay que juzgar por la vestimenta, pero mejor no le digo nada».
Cuando Arelys evocó aquellos grupos de “vigilantismo», no creo que ella sugería que fueran la solución. Sin embargo, son parches que brotan en muchos barrios de todo el país, ahí donde día tras día, la ciudadanía constata la ausencia del Estado. En ciertos sectores, incluso están armados. Y entonces, ante la imagen que arrastra el presidente progresista Arévalo desde que asumió el poder a inicios de 2024, una pregunta incómoda me aparece: ¿hacía falta una medida como el estado de sitio que restringe derechos democráticos para demostrarle al pueblo que las periferias también importan? Nunca pensé, como defensora de derechos humanos, que un día llegaría a hacérmela.
