El viernes 8 de noviembre de 2024 desapareció la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura junto a su perro Cholito. A cuatro meses no existe ningún rastro y tampoco se ha podido acceder a la carpeta de investigación
Chile
“Olía siempre a humo, porque se la pasaba tostando el trigo. Un olorcito como a pan calentito, recién salido del horno. Decía que le hacía bien, tenía su piel lisita por el humo, con arrugas, pero suavecita”, así recuerda Lyssette Sánchez a su abuela Julia.
A más de 800 kilómetros hacia el sur de Santiago se encuentra la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, Chile. Hace 4 meses desapareció Julia Chuñil, dirigente Mapuche, junto a uno de sus perros cuando fue a buscar su ganado, en un recorrido que Lyssette dice se sabía de memoria. A unas dos horas de su casa se encontraron rastros de una camioneta, sus pisadas, su bastón y un cojín. Los animales regresaron, ella no. Su familia y su comunidad tienen un sospechoso pero la investigación— que se encontraba bajo secreto legal hasta el 3 de marzo— continúa sin ser pública para la familia debido a trabas e impedimentos judiciales.
Julia es presidenta de la comunidad indígena Putreguel, reconocida en 2014 por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Tiene 72 años, es madre de cinco hijos, abuela de diez, tiene los ojos rasgados, un diente de oro y siempre le cuelga una trenza.
Como la desaparición forzosa de Julia, aún existen otros casos sin resolver. Macarena Valdés, activista socioambiental mapuche estuvo enfrente de la resistencia contra la instalación de la central hidroeléctrica en el río Tranguil, propiedad de la empresa austriaca RP Global y la chilena SAESA, que supuso la tala de bosque nativo y la inundación de dos cementerios ancestrales. Macarena fue encontrada muerta en agosto de 2016 dentro de su casa, frente a su hijo menor, en la región de Los Ríos. A solo 21 días después de una manifestación que paralizó la ruta CH 201, entre Chile y Argentina.
Julia es presidenta de la comunidad indígena Putreguel, reconocida en 2014 por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
Son 900 hectáreas de bosque nativo que cuida y protege Julia Chuñil. Ella vivía en estos terrenos, sin electricidad ni alcantarillado. Junto a sus 5 perros, 15 vacas, 2 caballos, chanchos y gallinas que cohabitaban entre especies emblemáticas como coigües, ulmos, arrayanes, lingues y canelos, árbol sagrado del pueblo mapuche. Entre ellos rodean mamíferos como el zorro chilote, el pudú y un puma, importantes para la cosmovisión indígena.
La tierra, un bien comercial
El predio alberga una rica biodiversidad característica de la región, fundamental para la regulación hídrica, la captura de carbono y el mantenimiento de suelos saludables. Diversidad biológica que forma parte integral de la cosmovisión mapuche, la cual asocia la salud del entorno natural con el bienestar de la comunidad.
Sebastián Benfeld, primer chileno en ser premiado por la Cumbre de Jóvenes de la ONU y fundador de Escazú Ahora, proyecto que impulsó la adhesión de Chile al pacto de Escazú y que actualmente trabaja en la defensa del medio ambiente, explica que este es un pulmón verde entre forestales: “Es un terreno de extremo interés para los empresarios locales porque es el único sector que queda por explotar”, ya que además “hay cinco cursos de agua, entonces hay posibilidades también de revender este recurso natural”. La constitución de Chile consagra explícitamente los derechos de aprovechamiento de agua como un bien privado.
Días previos a su desaparición, durante el funeral de “una vecina muy querida”, Lyssete recuerda escuchar a su abuela comentar que un empresario “la hostigaba, la amenazaba, la quería comprar, le ofrecía mucho dinero: millones y millones”.
El predio “Reserva Cora Número Uno”, de 925,70 hectáreas, fue asignado en 2013 por CONADI a la comunidad indígena Blanco Lepin. En 2011, la comunidad negociaba su compra de la propiedad, que pasó del Banco Scotiabank al empresario Juan Carlos Morstadt, quien excluyó los derechos de agua de la venta.
Un empresario "la hostigaba, la amenazaba, la quería comprar, le ofrecía mucho dinero: millones y millones"
Morstadt adquirió el terreno con un crédito de $799.400.000, pagado en parte con el dinero de la venta a Blanco Lepin. CONADI pagó $1.114.250.000 por el predio, a un valor de $1.250.000 por hectárea. El contrato exigía que Morstadt cercara todo el predio antes de recibir el pago, pero le faltó el 13% de este. Incumplimiento que activaría la resolución automática del contrato, sin embargo, CONADI entregó el dinero de igual forma. En 2013, La Comunidad Indígena Blanco Lepin demandó a Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L., Banco Scotiabank Chile S.A. y CONADI por incumplimiento contractual. En 2015 la sentencia declaró resuelto el contrato y ordenó la restitución mutua de la propiedad y el dinero a CONADI.
Esto supuso dar paso a que la comunidad Putreguel recuperara las tierras y se hiciera cargo de su defensa.
Abuela, dirigente y mapuche
“Nosotros nos criamos comiendo harina tostada” cuenta Lyssete. Julia tenía un gran estado físico. “Ella siempre ha sido de levantarse temprano. Recuerdo, tipo siete de la mañana estar en el paradero en invierno con frío y lluvia, y ella podía venir de vuelta de ver a sus animales”. Solía ser feriante, tenía una pequeña bodega y hacía su recorrido a los vecinos o al pueblo a vender su harina, verduras y carne. “Mi abuela hablaba con los animales, siempre nos decía que le entendían”, apunta Lyssete. Julia también le enseñó a pedir permiso a la madre tierra: “Hola plantita. Te pido permiso, te voy a sacar una ramita para sentirme mejor y tú vas a crecer más grande”.
De niña, todos los sábados por la tarde, Julia se montaba en su yegua e iba a buscar a su nieto Jose Manuel y a Lyssette. “Le decía la tren, porque era una yegua larga y cabíamos los tres”. Julia era evangélica, los llevaba al “culto”, como denomina Lyssette. “En la tarde nos devolvíamos y nos daba miedo, porque escuchábamos al puma. Con el primer pajarito ella siempre nos convencía ‘este pajarito da la señal de que anda el león cerca’, nos decía que no teníamos que tener miedo y montamos cantando coritos” haciendo referencia a los cantos religiosos.
También le enseñó el orgullo de ser mapuche. Lyssette es la última de su generación, nunca ha dejado de recibir burlas, pero sí dejó de teñirse su característico pelo indígena como negación. “Ella siempre me decía que no tenía que tener vergüenza”, comenta. Julia era una de cinco hermanas mujeres, nació en el Huichaco en una ruca, vivienda tradicional mapuche. Al enviudar su padre, cada hermana fue entregada a una familia. Julia se crio con los Vásquez, donde sus orígenes eran discriminados y catalogados de ‘indios’. Esto le hizo trabajar y desplazarse desde muy joven por su independencia, para luego regresar a su tierra.
En abril de 2024, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígenas (CONADI) reconoció a 4.743 comunidades indígenas, de las cuales 4.270 corresponden al pueblo Mapuche. Uno de los once pueblos reconocidos por el Estado de Chile. Específicamente, en la región de Los Ríos, habitan 585 comunidades conformadas por 11.476 familias. Desde 2014 Putreguel es una de ellas, la cual recoge a 13 familias: los Chuñil, Trecano, Tripai, Almonacid, Huechunpan y los Huenulef.
Julia Chuñil la preside, es ella quien decidió formarla en su comuna, Máfil. Junto a su caballo hizo su ruta habitual de comerciante, de puerta a puerta preguntó quién quería integrar la comunidad, ya que allí no había ninguna y en su territorio debían reunirse para hacer sus recuperaciones de tierra, porque como recuerda Lyssette “antiguamente todo esto era indígena”, parte del Wallmapu.
Chile no protege a sus defensores
“No hay ninguna forma de que una persona defensora ambiental tenga seguridad ante una amenaza, ataque u hostigamiento, más allá de los medios comunes que no funcionan en realidad”, asegura Sebastián Benefeld tajantemente. En Chile no se encuentra establecida la figura del defensor ambiental, por ende no existen protocolos de búsqueda o procesos judiciales específicos. Existe un vacío tanto educativo como legislativo.
"No hay ninguna forma de que una persona defensora ambiental tenga seguridad ante una amenaza, ataque u hostigamiento, más allá de los medios comunes que no funcionan en realidad"
Desde el año 2018, Julia comienza a sufrir diversas amenazas, junto a persecuciones y actos de hostigamiento. Se hicieron tan usuales que avisó a familiares y cercanos que en caso de pasarle algo había un culpable. Este es identificado como un empresario local, interesado en la tala de bosque nativo y la comercialización de leña. Primero fue un intento de convencimiento, a lo que ella constantemente se negó. Del dinero se pasan a los actos intimidatorios, “nosotros constatamos que a medida que pasaron los años este empresario comenzó a sobornar a vecinos de Julia para que empezaran a realizar acciones violentas, como por ejemplo el corte de un camino y un intento de quema de la casa”, cuenta Sebastián, quien añade que en 2024 hubo tres actos de agresión.
La fundación Escazú Ahora junto a la familia Chuñil se querelló contra todos quienes resulten responsables por el delito de secuestro, homicidio y feminicidio. También llevó el caso de la desaparición de Julia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Lo único que va a nuestro favor es la organización y fundaciones que se han contactado para difundir el caso” reflexiona Lyssette. “Hay días que el trato de parte de las policías y la investigación nos hace pensar que para ellos nosotros somos los sospechosos, la familia”, añade.
El último informe de Escazú Ahora y único en Chile mostró que solo en 2023 se identificaron 35 casos de vulneraciones contra defensores ambientales. El 65% de la población afectada se identifica con el género femenino. Lo cual no solo devela la presencia significativa de las mujeres en la defensa ambiental, sino también la vulnerabilidad específica en la que se encuentran. Sumado a que el rango etario más frecuente está situado entre los 70 y 78 años.
Chile y Uruguay son los únicos países de la región que no cuentan con el cargo de Defensor del Pueblo o Ombudsman. A pesar de ser firmantes del Acuerdo de Escazú desde 2022, hay poco conocimiento de la materia. En el mes de enero, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que se aplicará un protocolo internacional de búsqueda. Sin embargo, Sebastián aclara “lo que existe es un protocolo de coordinación interinstitucional para reconocer y proteger a los defensores de derechos humanos, que es un protocolo que ha estado trabajando la Subsecretaría de Derechos Humanos durante un año”.
Protocolo que llevó a la activación de mesa de coordinación institucional “el único intento hasta ahora para implementar el acuerdo Escazú”, según opina Sebastián. Algo que también miran con duda “¿Hasta qué punto el Estado se involucra en la investigación que también es reservada? No se espera que el Estado sea juez y parte”.
A pesar de que la Fiscalía levantó el secreto de investigación, la familia aún no puede acceder a la carpeta investigativa y ya pasados los cuatro meses no existe rastro alguno del paradero de Julia. “Un día soñé con mi abuela Julia. La veía viva” confiesa Lyssete, “vengo a comer a una comida familiar —continúa— ella llega y se sienta”. Cuenta que su prima Aylén soñó lo mismo el mismo día.
